Reunidos en el Palacio de Luxemburgo con motivo del 30.º aniversario del Instituto para la Gestión Delegada (IGD), unos 140 participantes debatieron sobre la mejor manera de garantizar servicios públicos de calidad a un coste controlado. Sin contraponer la gestión pública a la gestión delegada, los debates también destacaron dos cuestiones clave: mantener una competencia suficiente en las licitaciones y mejorar la elaboración de los contratos.
Un método de gestión, no una privatización.
La gestión delegada implica confiar a una empresa la operación de un servicio, ciertas actividades técnicas, la financiación de inversiones y una parte del riesgo operativo. El proveedor del servicio recibe el pago de los usuarios, a veces con una contribución de la administración local.
Para los implicados, este sistema no pretende sustituir la gestión directa. La autoridad local sigue siendo responsable del servicio: establece los objetivos, elige al contratista y supervisa la ejecución del contrato. El presidente del IGD, Hubert du Mesnil, reiteró que «delegar no significa privatizar». El libro blanco publicado por el Instituto con motivo de su aniversario también subraya esta distinción.
La pregunta planteada en la conferencia —¿qué método de gestión garantiza el mejor servicio al mejor precio?— se enmarca en un contexto de limitaciones en las finanzas públicas y necesidades de inversión de las administraciones locales. El IGD aboga por un enfoque individualizado, en lugar de una elección generalizada entre la gestión directa y la delegación.
Contratos supervisados más de cerca, pero menos candidatos.
En los sectores de agua y saneamiento, Estelle Grelier, presidenta de la Federación Francesa de Empresas de Agua (FP2E), destacó que los contratos de concesión deben incorporar ahora los retos del ahorro energético y la adaptación al cambio climático. Los riesgos climáticos pueden poner en peligro la viabilidad económica de las concesiones a largo plazo, lo que lleva a los actores públicos y privados a replantearse la distribución del riesgo.
La gestión delegada también se aplica a las autopistas y a varias infraestructuras ferroviarias. Fabrice Franck, representante de Keolis, indicó que casi el 80 % de las redes de transporte francesas se gestionan mediante este modelo. Describió contratos que incluyen indicadores de rendimiento, mecanismos de incentivos y sanciones, así como herramientas de seguimiento e información para las autoridades locales.
Sin embargo, la creciente complejidad de los procedimientos puede restringir la competencia. Frédéric Marty, director de investigación del CNRS, informó de un aumento en la proporción de convocatorias de licitación que recibieron una sola respuesta, pasando, según él, del 23 % en 2024 al 41 % en 2025. Los avisos de adjudicación de concesiones publicados en 2022 y 2023 también muestran un promedio de algo menos de dos ofertas, con una sola oferta en más de un tercio de los casos.
Frédéric Marty atribuye esta situación más a requisitos técnicos, financieros y legales que a una falta de interés por parte de las empresas. Advirtió que la escasa competencia podría repercutir negativamente en los precios y en la capacidad de innovación.
La preparación de los contratos en cuestión
La calidad de la preparación también se reveló como un factor determinante. Anne-Sophie Orecchini, subdirectora general de Finance Consult, hizo hincapié en la necesidad de definir claramente los requisitos, garantizar la transparencia y mantener el diálogo entre los socios. Asimismo, mencionó las cláusulas de revisión, que permiten adaptar los contratos a los cambios económicos o climáticos.
En los debates se abordaron las cuestiones jurídicas relativas a los contratos globales y los acuerdos de colaboración. Sophie Nicinski, catedrática de Derecho Público en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, considera que ciertas ideas erróneas siguen influyendo en su evaluación, en particular la asociación del pago aplazado con los sobrecostes presupuestarios o las dificultades relacionadas con la duración de estos contratos. Asimismo, señaló la confusión que existe en torno a los conceptos de propietario del proyecto y gestión del proyecto.
En su libro blanco, la IGD (Inspección General de Infraestructuras) presenta diez propuestas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Estas incluyen un mejor control estadístico, una selección de proveedores más rigurosa antes de la licitación y una distribución más equitativa de los riesgos. El documento también recomienda fortalecer las competencias de los funcionarios de contratación pública, desarrollar programas de capacitación y aumentar el apoyo de Fin Infra (la agencia francesa de investigación y desarrollo de infraestructuras) a las autoridades locales. Finalmente, el Instituto aboga por marcos contractuales más flexibles y una mayor consideración de los diferentes métodos de gestión, sin excluir ninguno en principio.
Fuente: Localtis News – Grupo Caisse des Dépôts – Contratación pública (www.banquedesterritoires.fr)
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Autora: Virginie Fauvel
